¡Los Policías también tienen Derechos!
Con motivo del Día del Policía de la Ciudad de México, que se celebra el 22 de diciembre de cada año, es pertinente reflexionar sobre los derechos de los seres humanos detrás del uniforme
Por Rafael A. Anzures
Mientras se defienden fervientemente los derechos humanos de quienes están sujetos a la autoridad del Estado, como por ejemplo los acusados en un juicio penal, la figura del policía en nuestro país se ha deteriorado desde hace ya mucho tiempo, por muchas razones, y la inmensa mayoría son injustificadas.
Nadie podría negar que en el pasado se llegó a echar mano de los cuerpos de seguridad para beneficio personal de algunos poderosos, o bien para someter a disidentes y opositores políticos. Asimismo, es cierto que algunos elementos de dichas instituciones se corrompen y traicionan su juramento de lealtad a la patria y a sus habitantes. Esto ocurre en todo el mundo, y no por eso en menos reprobable, desde luego.
Sin embargo, una cosa muy distinta es afirmar que “todos los policías son corruptos”, o que “únicamente reprimen a la población y atentan contra sus derechos humanos”. Ése es un razonamiento por demás erróneo y falso. Es una generalización inadecuada basada en casos que de ninguna manera constituyen una muestra suficiente para establecer un patrón de comportamiento de la totalidad de las corporaciones policiacas y, sobre todo, de los individuos que las componen.
A esos grandes hombres y mujeres se les deben reconocer sus enormes virtudes y sacrificios, y no juzgarles por unos cuantos que faltan a su juramento
En su libro titulado Política y Posmodernidad, el abogado y politólogo Israel González Delgado explica que, en parte también gracias a la cultura de las masas, la “humanzación del delincuente ha ido aparejada, además, con una deshumanización del policía, del soldado y de cualquier agente del estado cuya función sea combatirlos”, cuestión sumamente grave, que no hace sino dañar a las instituciones, en lugar de fortalecerlas.
Aunado a lo anterior, no puede pasarse por alto que, tanto policías como militares, son hombres y mujeres que todos los días se levantan para ir a trabajar por su país, que han renunciado a obtener mayores sueldos en la iniciativa privada, que están más vigilados y atados de manos que nunca precisamente para hacer su trabajo, y frecuentemente se les trata discriminatoriamente como a ciudadanos de segunda, como en aquellos casos en que no se les paga su aguinaldo completo.
A esos grandes hombres y mujeres se les deben reconocer sus enormes virtudes y sacrificios, y no juzgarles por unos cuantos que faltan a su juramento, ya que la mayoría de ellos sí se conduce acorde a los principios de disciplina, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que su función exige.
su defensa debe ser especialmente cuidadosa y técnica, pues los jueces no subsanarán ningún error o descuido de sus abogados
Pero más allá de consideraciones políticas o de posiciones ideológicas, para hablar de sus derechos y el régimen legal en que se encuentran, habría que comenzar por lo obvio, y lo más obvio que podemos decir sobre los miembros de las policías es: ¡que SON SERES HUMANOS! Característica que los hace inmediatamente sujetos de derechos, y no sólo de obligaciones. Por tanto, en principio puede concluirse que tienen los mismos derechos que cualquier otro mexicano, aunque por su particular labor tengan también algunas restricciones especiales, sobre todo en el ámbito laboral y que se abordan a continuación:
Los policías no son simples servidores públicos. Junto con los militares, agentes del Ministerio Público, peritos y el personal del servicio exterior, son unos servidores públicos muy especiales, porque la propia Constitución mexicana establece que se rigen por sus propias leyes, es decir, su relación con el Estado no es de índole estrictamente laboral, sino administrativa, por lo que los conflictos surgidos de dicha relación no se ventilan ante juntas de conciliación y arbitraje o tribunales laborales, sino ante magistrados administrativos, y específicamente con base en las leyes que los rigen (y los derechos que allí se prevén), y no en el régimen que prevé los derechos laborales de los trabajadores del Estado en general, en el artículo 123, apartado B, de la Constitución.
Para aterrizar lo anterior, esto quiere decir, por ejemplo, que ante un conflicto relativo a su situación laboral que llegara al Amparo, a diferencia de lo que ocurriría con un servidor público no contemplado en las categorías antes mencionadas (o con un trabajador de la iniciativa privada), los policías no gozarían del beneficio de la “suplencia de la deficiencia de la queja” que otorga la Ley de Amparo a los trabajadores en conflictos laborales, lo que significa que su defensa debe ser especialmente cuidadosa y técnica, pues los jueces no subsanarán ningún error o descuido de sus abogados, ya que la materia administrativa se rige por el principio de “estricto derecho”.
los policías están en una situación muy vulnerable, ya que incluso si son removidos injustificadamente, ya no pueden volver a trabajar en aquello para lo que se prepararon
Particularmente, por lo que hace a los agentes del Ministerio Público y los policías, además, la Constitución establece que “podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones” y que incluso si se resuelve que la remoción fue injustificada, “el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.
Las anteriores disposiciones dejan en una situación muy vulnerable a los miembros de las policías y a los fiscales, ya que si son removidos de sus cargos, incluso si el despido fue injustificado, ya no pueden volver a trabajar en aquello para lo que se prepararon, eso que mejor saben hacer.
Cada vez que hay un despido injustificado en las policías o las fiscalías, perdemos para siempre un gran elemento, uno de esos comprometidos con su función y fieles a su juramento, y lo perdemos todos, el gobierno y la población civil, lo que personalmente me entristece mucho, y debería entristecernos a todos.
Por eso mismo, los policías merecen una defensa profesional y especializada, que vele por sus derechos y de la pelea por ellos ante sus órganos internos y los tribunales administrativos, porque si de alguien no podemos prescindir, es de quienes mantienen el orden y la paz, de quienes arriesgan su vida para que nosotros no tengamos que hacerlo, de quienes nos cuidan.