Ana María Valladolid Díaz
Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Maestría y un Doctorado en Derecho.
Laboró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual le brindó una amplia experiencia en la materia de Propiedad Industrial, específicamente en las áreas de litigio y registro de marcas.
Durante su carrera profesional en el IMPI, participó en diversos cursos y diplomados en la materia, tanto como expositora, como estudiante. Fungió como Tutora del curso DL-101 denominado “Curso General de Propiedad Intelectual”, impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dirigido a la comunidad de habla hispana.
Rafael Alejandro Anzures M. Ocampo
Licenciado en Derecho y Maestro en Política Criminal y Seguridad Pública. Cuenta con estudios en materia de Seguridad Nacional, Inteligencia y Contrainteligencia, Derecho Estadounidense, Fundamentos Empresariales y Finanzas.
Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, entre los que destacan el de Asesor de Servidor Público Superior, Secretario de Seguimiento en Materia de Transparencia, y Secretario de Juzgado de Distrito.
En el plano académico, ha impartido clases en el Diplomado en Mando Policial del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y actualmente para la Universidad Marista, como titular de cátedras tales como Técnicas de Argumentación Jurídica Oral, Derecho Constitucional y Tribunales Internacionales.
Asimismo, tiene diversas publicaciones en materia de Derecho Militar y Seguridad Nacional.
Ricardo Peguero Melgoza
Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Pedregal.
En sus inicios trabajó en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.
Posteriormente, en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal -actualmente Ciudad de México- se desempeñó como Evaluador, Supervisor, Jefe de Departamento y finalmente como Subdirector de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, donde tuvo a su cargo a más de 50 evaluadores del área de Evaluación de Riesgos Procesales.
Asimismo, se desempeñó como Director de Evaluación del área de enlace para la reforma laboral en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Actualmente, derivado de la reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, presta sus servicios en la Defensoría de Oficio adscrita a la Secretaría de la Función Pública, donde da seguimiento a los procedimientos relacionados con las faltas administrativas de servidores públicos.